Este tema se centra en la implementación en 2024 de la ley que permite al estado trasladar involuntariamente a personas en situación de calle a centros médicos si representan un peligro para sí mismas o para terceros. Anteriormente, se requería el consentimiento para tales intervenciones. El debate se enfoca en el aumento visible de personas viviendo en las calles de Montevideo y el impacto del consumo de pasta base. Los defensores argumentan que el Estado debe actuar como tutor cuando la adicción elimina la capacidad de autopreservación de una persona. Los opositores sostienen que, sin consentimiento, esto es efectivamente un encarcelamiento de los pobres y viola los derechos constitucionales.
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