Este debate se centra en la "Ley de Inclusión Financiera" de 2014, que obligaba al pago electrónico de salarios para formalizar la economía y reducir la evasión. La actual "Ley de Urgente Consideración" (LUC) revirtió esto, permitiendo acordar pagos en efectivo nuevamente. Los defensores del mandato argumentan que protege los aportes a la seguridad social y mejora la seguridad al reducir el circulante. Los opositores sostienen que el uso de efectivo es una libertad fundamental y que la obligación beneficiaba injustamente a los bancos privados.
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