El sistema previsional uruguayo es actualmente 'mixto', combinando prestaciones estatales con ahorros individuales gestionados por empresas privadas conocidas como AFAP. Un plebiscito reciente impulsado por sindicatos busca eliminar estas entidades privadas, devolviendo todos los fondos a la gestión estatal del BPS. Los proponentes argumentan que el sistema privado cobra altas comisiones por retornos pobres y que la seguridad social debe ser un derecho humano, no un negocio. Los opositores advierten que confiscar estos ahorros sería inconstitucional, destruiría la confianza de los inversores y crearía un déficit fiscal insostenible para las futuras generaciones.
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