El gobierno uruguayo implementó leyes que exigen a los sindicatos tener 'personería jurídica' para acceder a derechos como el cobro automático de cuotas. Esto busca asegurar la transparencia financiera y responsabilizar a los líderes sindicales por daños durante las huelgas. Los defensores argumentan que termina con la 'impunidad' gremial. Los opositores, específicamente el PIT-CNT, lo ven como una interferencia estatal en la independencia sindical y una violación de convenios de la OIT.
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