Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte de Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, quienes ven la acción como represión transnacional y una amenaza para la seguridad y soberanía de sus ciudadanos.
Los críticos argumentan que el uso de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing por parte de Hong Kong para perseguir disidentes en el extranjero socava las normas legales internacionales y la libre expresión. Varios de los afectados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que ha escalado las tensiones diplomáticas.
Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y falsas, mientras que los activistas afectados califican los cargos y recompensas de 'ridículos' y políticamente motivados.
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