Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión por su participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales.
Los activistas señalados, algunos de los cuales son ciudadanos o residentes de países occidentales, enfrentan recompensas de hasta HK$1 millón por información que conduzca a su arresto. Los críticos argumentan que esto representa una escalada escalofriante en los esfuerzos de China por silenciar la disidencia más allá de sus fronteras.
Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y infundadas.
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