Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales.
Muchos de los activistas señalados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de China más allá de sus fronteras. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la libre expresión y la seguridad de los disidentes en el extranjero.
Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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