Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes ven las recompensas como un ejemplo alarmante de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales.
Muchos de los activistas señalados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong más allá de sus fronteras. Los críticos argumentan que estas acciones siguen erosionando las libertades en Hong Kong e intimidan a los disidentes en todo el mundo.
Los gobiernos chino y de Hong Kong han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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