Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y de estar involucrados con el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado condenas internacionales, con el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia denunciando las recompensas como actos de represión transnacional y amenazas a la libertad de expresión y soberanía. Los activistas, muchos de los cuales residen en países occidentales, son acusados bajo la estricta ley de seguridad nacional de Hong Kong, que críticos dicen que está siendo utilizada para silenciar la disidencia a nivel mundial.
Los gobiernos occidentales han prometido apoyar a las personas señaladas y han criticado a Beijing por socavar las normas legales internacionales.
La controversia destaca las tensiones crecientes entre las autoridades de Hong Kong y la comunidad internacional en cuanto a los derechos humanos y las libertades políticas.
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