Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y anunciado recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y delitos de seguridad nacional.
Las personas señaladas están asociadas con el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo no oficial que aboga por reformas democráticas. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Los gobiernos occidentales han calificado las recompensas como un ataque a la libertad de expresión y la participación política, prometiendo apoyar a los afectados.
Mientras tanto, las autoridades de Hong Kong han desestimado las críticas como parciales y han defendido sus acciones como necesarias para la seguridad nacional.
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