Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional.
Muchos de los individuos señalados están asociados con el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que realizó encuestas no oficiales y aboga por reformas democráticas. La medida ha recibido una fuerte condena del Reino Unido y otras naciones occidentales, que acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y socavar las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que estas recompensas amenazan la libertad de expresión y la participación política más allá de las fronteras de Hong Kong.
El gobierno de Hong Kong ha desestimado las críticas extranjeras como parciales y falsas, intensificando las tensiones con varios países donde residen los activistas.
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