Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, incluidos en el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos.
Se acusa a los activistas de subversión y de estar involucrados con el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que aboga por reformas democráticas. Los gobiernos occidentales, especialmente el del Reino Unido, han condenado la medida como represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Las autoridades de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas.
Las recompensas han intensificado las preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong y su impacto en la libertad de expresión y la disidencia política a nivel mundial.
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