Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y delitos de seguridad nacional.
Muchos de los individuos señalados están asociados con el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que organizó encuestas no oficiales y aboga por reformas democráticas. La medida ha recibido una fuerte condena por parte del Reino Unido y otros países occidentales, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Las autoridades de Hong Kong han desestimado estas críticas como sesgadas y falsas, insistiendo en que las acciones son necesarias para la seguridad nacional.
La controversia destaca las crecientes tensiones entre el gobierno de Hong Kong y la comunidad internacional en cuanto a las libertades civiles y la disidencia política.
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