Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y anunciado recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional.
Muchos de los señalados están basados en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, y están involucrados con grupos como el 'Parlamento de Hong Kong' no oficial. La medida ha recibido una fuerte condena por parte de los gobiernos occidentales, especialmente el Reino Unido, que calificó las recompensas como represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como sesgadas y falsas.
El incidente destaca las crecientes tensiones sobre los esfuerzos de China para reprimir la disidencia más allá de sus fronteras.
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