Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, incluidos en el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos. Se acusa a los activistas de subversión y de participar en un 'Parlamento de Hong Kong' no oficial formado en el exilio. La medida ha sido ampliamente condenada por gobiernos extranjeros, especialmente el Reino Unido, como un acto de represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong amenazan la libertad de expresión y la participación política más allá de sus fronteras. Las recompensas destacan los crecientes esfuerzos de Hong Kong y Beijing para silenciar la disidencia, incluso entre ciudadanos que han huido al extranjero.
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