La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, ha emitido una histórica opinión consultiva afirmando que los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a tomar medidas contundentes contra el cambio climático.
El fallo confirma que no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero o proteger el clima podría considerarse un acto internacionalmente ilícito, abriendo la puerta para que los países, especialmente los principales contaminantes, sean responsables de daños y reparaciones a las naciones más afectadas por el daño climático. Esta decisión sigue años de defensa por parte de pequeñas naciones insulares y activistas juveniles, y se espera que influya en la litigación y política climática global.
La corte enfatizó que el cambio climático es una "amenaza urgente y existencial" y que todos los estados deben actuar con la debida diligencia para evitar que el calentamiento global supere el umbral de 1.5°C. Aunque la opinión no es legalmente vinculante, establece un precedente poderoso y aumenta la presión sobre los gobiernos y las industrias de combustibles fósiles en todo el mundo.
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