La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, se ha visto obligada a suspender sus operaciones y evacuar a su personal debido a amenazas, acoso y presión legal en aumento por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta medida se enmarca en una amplia represión contra críticos, periodistas y activistas, muchos de los cuales están huyendo del país por temor a la persecución política. Cristosal ha sido una voz líder en la investigación de corrupción, muertes en prisiones y presuntos abusos bajo la administración de Bukele. El exilio del grupo marca una escalada significativa en los esfuerzos del gobierno por silenciar la disidencia y consolidar el poder. Los observadores advierten que esta nueva ola de exiliados políticos recuerda a épocas pasadas de represión en El Salvador.
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