Los legisladores rusos han aprobado una nueva ley que impone multas a las personas que buscan o acceden a contenido en línea considerado 'extremista' por las autoridades, incluso cuando utilizan VPN.
Esta legislación marca una escalada significativa en la censura gubernamental y la vigilancia digital, apuntando no solo al compartir, sino también al simple acto de buscar información prohibida. La ley es parte de un esfuerzo más amplio para suprimir la disidencia y controlar el flujo de información, especialmente en medio del creciente descontento público por la guerra en Ucrania y las presiones económicas.
Críticos, incluidos activistas y algunas figuras pro-Kremlin, advierten que la definición vaga de 'extremista' podría utilizarse para silenciar al periodismo independiente y a las voces de la oposición. La medida ha provocado protestas y ha generado preocupaciones sobre el futuro de la privacidad digital y la libertad de expresión en Rusia.
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